Entre los requisitos se encuentra el de ser miembro de la carrera judicial o fiscal, contar con una antigüedad superior a diez años y poseer conocimiento y experiencia práctica en el ámbito de las investigaciones financieras.
Ante la renuncia de uno de los titulares de la delegación española de la Fiscalía Europea, se ha abierto un proceso selectivo para cubrir la vacante. La convocatoria ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Entre los requisitos se encuentra el de ser miembro de la carrera judicial o fiscal, contar con una antigüedad superior a diez años, poseer conocimiento y experiencia práctica en el ámbito de las investigaciones financieras, demostrar un conocimiento suficiente de la lengua de trabajo de la Fiscalía Europea y ofrecer un absoluto compromiso de independencia para el ejercicio de la función. En este sentido, deben firmar una declaración expresa en la que “aseguran no encontrarse en ninguna situación que pueda suponer un conflicto de intereses real o potencial que pueda afectar a su independencia en el desempeño de sus funciones o que pueda percibirse como tal”. También se valorará la capacidad para trabajar en equipo y la experiencia en instituciones de la Unión Europea.
A partir de mañana, los candidatos cuentan con un plazo de diez días hábiles para presentar la solicitud. En los diez días siguientes, la comisión de selección declarará la lista provisional de admitidos y excluidos y dará otros diez días para subsanar los defectos que hubieran podido motivar la exclusión. Una vez que se publique la lista definitiva de admitidos, la comisión entrevistará a los candidatos en una audiencia pública, cuya fecha, hora y lugar se publicará en la página web del ministerio de Justicia. Una vez se determine la propuesta de la comisión de selección, se ordenará la publicación en el BOE, se dará traslado al CGPJ y se comunicará a la Jefatura de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea es un cuerpo de fiscales unificado con presencia en 22 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos, desde 2022, en España. Se encarga de investigar y perseguir los delitos contra los intereses económicos de la Unión, lo que incluye fraudes de diverso tipo por encima de una cantidad significativa de dinero, blanqueo, corrupción. Esto es, en España ya hay fiscales que, más allá del ámbito de menores, están dirigiendo investigaciones de carácter penal.
“Hasta que comenzó a funcionar la Fiscalía Europea, estos delitos eran solo perseguibles por las autoridades nacionales, pero estaban limitados por las fronteras territoriales. Y es que organizaciones como Eurojust, OLAF o Europol no tienen las competencias necesarias para desarrollar estas investigaciones”, explica la propia fiscalía en su página web.
Esta oficina de fiscales comunitarios que trabajan de forma coordinada para responder a una criminalidad globalizada empezó a operar en 2021. Solo en su primer año se abrieron más de 929 investigaciones. Los Estados miembros debían transponer la directiva que da cobertura a la Fiscalía Europea. Por eso, España tardó algo más en incorporarse y hay varios Estados del bloque comunitario en los que aún no se encuentra presentes.
Los delitos
Los delitos de los que se ocupa con carácter preferente la Fiscalía Europea son aquellos que implican un fraude transfronterizo del IVA que suponga un perjuicio de al menos 10 millones de euros; otros tipos de fraude que afecten a los intereses financieros de la UE; corrupción que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la UE; malversación de fondos o activos de la UE por un funcionario público. Igualmente también es competente para investigar el blanqueo de capitales y delincuencia organizada, así como otros delitos que puedan aparecer relacionados con los anteriores.
El pasado 26 de septiembre concluyó una investigación en España que fue liderada por la Fiscalía Europea y que se saldó con la detención, por parte de la UDEF, de 23 personas por, presuntamente, integrar una red criminal que defraudaba fondos europeos destinados a la agricultura. “Los detenidos habrían urdido un complejo sistema delictivo, en el que participaban varias empresas, que se lucraba a través de la venta de derechos reales ficticios a solicitantes de ayudas europeas de política agraria común (PAC). Según los indicios recabados durante la investigación, este entramado criminal ofrecía a los solicitantes la posibilidad de arrendar parcelas para cumplir con los requisitos exigidos respecto a la superficie (hectáreas) y obtener así la ayuda solicitada. Con este propósito, los detenidos, miembros de esta estructura criminal, habrían creado un entramado societario a través del cual celebraban contratos falsos de cesión del uso de parcelas de terceros. Los legítimos propietarios de estos terrenos desconocían su utilización fraudulenta para la obtención de subvenciones europeas”, según la comunicación remitida por esta fiscalía.
La Fiscalía Europea tiene un presupuesto este año de 65.496.394 euros.
Se busca candidato para la delegación española de la Fiscalía Europea | E&J (economistjurist.es)