El Ministerio de Justicia ha mantenido un encuentro con abogados, procuradores, graduados sociales y economistas para debatir los avances de sus ultimas aplicaciones.
La transformación digital lleva años desarrollándose en la Justicia española de forma desigual. De un lado, los trabajos del Ministerio de Justicia en los último años de su actual director general de Transformación Digital, de otro las actividades de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y de algunos operadores como abogados y procuradores. La cuestión está en hacerlo interoperable en cualquier punto del territorio nacional.
En su intervención de bienvenida a los asistentes a una jornada organizada por el ministerio sobre este asunto, el secretario de Estado de Justicia en funciones, Tonxtu Rodríguez comentó que el principal objetivo del ministerio “es impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de transformación de nuestro país. Y para ello, trabajamos en el marco del plan Justicia 2030”.
Otra cuestión que destacó es la cogobernanza tanto con las CCAA que según sus apreciaciones está mejorando el Servicio Público de Justicia, y que ahora también queremos impulsar con abogados, procuradores y con otros profesionales de la Justicia; y creo sinceramente que está dando sus frutos”.
En la sesión, que estuvo conducida por el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, también participaron la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.
Junto a ellos, en la misma sesión, la vicepresidenta segunda del Consejo General de Graduados Sociales de España, Susana Soneira; y el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, entre otros que valoraron el esfuerzo del ministerio por sus proyectos digitales, aunque una parte importante de estas aplicaciones no están del todo operativas.
Para estos juristas, los avances tecnológicos son necesarios para ser mas eficientes y atender a las necesidades de los clientes “pero hay que trabajar en evitar cualquier brecha digital que genera siempre el uso de la tecnología. A este respecto, es fundamental trabajar en pro de la interoperabilidad entre los sistema de gestión procesal del territorio ministerio y las propias CCAA con competencias transferidas.
En el transcurso de esta jornada los asistentes hablaron de las herramientas en las que trabaja el Ministerio como el Escritorio Virtual de Inmediación Digital, la futura agenda de señalamientos y sobre todo la Carpeta Justicia, a través de la que se podrá acceder al expediente judicial electrónico.
Respecto a la agenda de señalamientos, se insistió en la importancia que tendrá para conseguir una conciliación real, para que automáticamente se puedan suspender plazos, señalamientos, no señalar vistas el mismo día en dos comunidades distintas…
Debate sobre la interoperabilidad
Por su parte, el secretario general para Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia en funciones, Manuel Olmedo explicaba a operadores jurídicos como abogados, procuradores, graduados sociales y economistas los avances en los que su Ministerio está trabajando y ha lanzado un mensaje que ha generado sorpresa entre los asistentes.
“Que no haya interoperabilidad en los sistemas de gestión procesal hay que verlo como una fortaleza y no como una debilidad, debemos también aprender de ello”. Una afirmación que no ha caido en saco roto para los asistentes, quienes han abogado en sus intervenciones por lograr ese interoperabilidad en todo el país.
El otro gran asunto que ha surgido de este debate, donde los expertos Aitor Cubo y Javier Hernández, cabezas visibles de esta Dirección General de Transformación digital tiene que ver con la seguridad jurídica. Las herramientas tecnológicas como ya comentaron algunos letrados judiciales en otros reportajes deben estar supeditadas a reformas legales para que realmente sean efectivas”.
Esta publicación acreditada en este evento, en el que no se han admitido preguntas al finalizar las tres mesas redondas que se han puesto en marcha, ha enviado por escrito al Ministerio de Justicia dos preguntas al objeto de conocer cuál es el calendario de interoperabilidad que maneja el Ministerio, si aun apuesta por ella.
Y la otra cuestión, tiene que ver con los Fondos Europeos Next Generation y en qué cantidad están financiando estas iniciativas digitales que desde la Dirección General de Transformación Digital se han puesto en marcha. De momento, hay respuesta.
Los operadores jurídicos apuestan por la interoperabilidad
Al finalizar estas jornadas, Economist & Jurist sí ha podido hablar con varios de los ponentes para conocer sus opiniones sobre el cambio digital que se está produciendo en la justicia española.
Un cambio necesario para que los propios colectivos de abogados, procuradores y economistas mejoren sus procesos internos, trabajen mejor y al mismo tiempo, atiendan mejor a sus clientes empresas y ciudadanos.
Benigno Villarejo, decano del Colegio de Abogados de Gijón y coordinador de Justicia Digital de la Comisión de Innovación Tecnológica del Consejo General de la Abogacía, comentaba que “una de las claves de este desarrollo digital es la seguridad jurídica. Procedimientos tecnológicos deben tener su marco legal para evitar errores interpretativos”.
Para este jurista, “no puede ser que con el desarrollo de una aplicación, un laj entienda una cosa y otro, otra, debe haber un soporte legal al que nos podamos aferrar”. En ese punto, recuerda que el cambio que se ha hecho en la cuenta de consignación con los mandamientos de pago, donde ahora se requieren 200 dígitos para despacharlos no tiene soporte legal. O que “en una audiencia previa de un proceso civil, si quieres aportar en el acto del juicio telemático el documento tienes un problema, si lo aportas por Lexnet, como primero va al decanato y luego va al juzgado, ese mismo acto al juez no le llega con lo cual no puede valorar la pertinencia. Debería aportarse unas horas antes para no desvelar a la otra parte la estrategia procesal”.
A su juicio, “estos son problemas que debemos de solucionar con seguridad jurídica. De esa forma debe acomodarse la existencia de herramientas a las funcionalidades y sobre todo a las necesidades. A los abogados del turno de oficio se nos obliga que certifiquemos que no hemos cometido delitos según la ultima modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”. Desde esa perspectiva “debería implementarse una norma para crear un registro exclusivo para este tipo de delitos dando cumplimiento al a normativa sobre esta cuestión”.
Leyes que apoyen a las innovaciones
Respecto a la plataforma concursal, Villarejo resaltaba que “profesionales de la abogacía trabajan con el ministerio para que la herramienta sea funcional y sencilla. Pero sobre todo, la seguridad jurídica. Y que los errores de los 32 formularios de dicha plataforma concursal para microempresas se solucionen. Los magistrados de lo mercantil han señalado que la plataforma no funciona bien. Respecto a la de liquidación de bienes también es mejorable y nos consta que se está trabajando en ello”.
Sobre los monitorios y los cambios que se quieren hacer, Villarejo reconoce que “no me gusta la idea que el monitorio sea un formulario orientado al dato. Me gusta más la idea que se pueda desarrollar de tal forma que el control de abusividad que hace el juez al principio del procedimiento yo lo puedo enfocar de una determinada forma a la demanda y tener en cuenta los criterios de jurisprudencia del Supremo”.
Sobre la interoperabilidad, lo ve como otro elemento, pese al comentario de Olmedo en esta jornada, “quizás tendríamos que hablar de la homogeneización de sistemas. Cataluña no tiene la textualización de vistas que si tiene el territorio del ministerio. El sistema procesal canario admite un formato doc para viajar por LexNet que no se admite en todo el territorio, pero no admite el pdf de otras jurisdicciones”
El objetivo que se debe marcar es de la existencia “de unas herramientas similares con unos criterios similares que permitan que alguien que presenta una demanda en Marbella no tenga que preocuparse de si puede hacer el seguimiento desde cualquier punto del pais. No comparto la idea de Manuel Olmedo sobre que la no interoperabilidad sea una fortaleza, no se puede complicar tanto este escenario judicial para el ciudadano”.
Desde el Consejo General de Procuradores, Maria Dolores Canto, su responsable de nuevas tecnologías y decana del Colegio de Abogados de Murcia, reconocía que el papel de los procuradores “en estos últimos años ha sido el de testar las herramientas que se implementan desde esa Dirección General de Modernización de la Justicia. Muchas están en marcha pero se están perfeccionando”.
A su juicio “la interoperabilidad es necesaria. Nosotros queremos participar en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) de forma activa como organismo creado al amparo de La Ley 18/11, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Administración de Justicia que regula dicha actividad y la colaboración con las CCAA”:
Para esta jurista “nuestra opinión puede tener un peso especifico pero no participamos en la Comisión Permanente. Nosotros ya contamos con herramientas tecnológicas válidas. El problema es que los 67 colegios de procuradores utilizan un sistema de gestión procesal diferente y el procurador y el Consejo General son el punto de unión para que todos los colegios sean operativos”.
Por su parte, Valenti Pich, presidente del Consjo General de Economistas, e interviniente en la mesa de Victoria Ortega, Juan Carlos Estévez, señalaba que “se nota un cambio de velocidad en el ministerio con los nuevos expertos de transformación digital. Las ayudas comunitarias van a ser claves para implementar y desarrollar estas tecnologías en el sector publico. La justicia tiene el impulso que antes no tenía”.
A su juicio, también la interoperabilidad es un elemento a logra y cree que por seguridad jurídica habría que tender a ese modelo de gestión procesal único para evitar disfunciones en cualquier parte del país. “Al mismo tiempo valoramos mucho que cualquier esfuerzo tecnológico venga acompañado de la seguridad jurídica por estar referida a una norma concreta”.
Desde su punto de vista, “la aprobación de la ley concursal 16/2022 ha sido una excusa para darle una vuelta a la implementación de la tecnología en cuestiones mercantiles y de insolvencia. Ahora hay que trabajar para que los formularios estén conforme a la normativa y las plataformas tanto del Libro III como de subasta de activos concursales esté operativa”.
Los economistas forman parte del grupo de trabajo que creo el Ministerio de Justicia con abogados y otros colectivos sobre la reforma concursal “seria bueno que en una página web se recogiera toda la actividad concursal existente. “Los profesionales debemos adaptarnos a las necesidades y asesor a empresas y ciudadanos en estos cambios que se avecinan donde la tecnología es importante”-