Los próximos 10 y 11 de noviembre tendrá lugar en Jerez de la Frontera el XXIV Congreso de la Asociación de Fiscales, entidad mayoritaria en la carrera fiscal con más de 630 integrantes y también preponderante en el Consejo Fiscal, con seis vocales. El análisis de la carrera fiscal y la necesidad de reformas y la defensa del Estado de Derecho frente a la amnistía serán los ejes principales de esta reunión.
Para su presidenta, la fiscal Cristina Dexeus, integrante, además, del Consejo Fiscal, el momento que vive nuestra democracia es grave “con el peligro de la quiebra de nuestra democracia si la ley de amnistía que plantea Pedro Sánchez para ser investido llegara a buen puerto”. Ya en el anterior celebrado en Zaragoza en el 2021 pidieron la dimisión de la FGE en aquel entonces por su falta de idoneidad en el puesto.
Este XXIV congreso, que arrancará la próxima semana en Jerez bajo el titulo de “Fiscal sin matices” pretende señalar la postura de este colectivo profesional “absolutamente imparcial, no queremos hacer política. Nosotros nos dedicamos a hacer una defensa del Estado de Derecho, de la imparcialidad del Ministerio Fiscal y así lo hemos reflejado en el título de nuestro Congreso”.
En esta reunión anual, junto con los propios temas de la carrera, donde la Junta Directiva de AF hará balance de su gestión, se hablará en qué estado están las negociaciones de las retribuciones del colectivo, un acuerdo que se firmó este mes de mayo por la fuerza de las asociaciones judiciales y las tres de fiscales y que “aún hay elementos pendientes de resolver por el Ministerio de Justicia, como el reciente incremento de plazas que presentaron, que es insuficiente, entre otras cuestiones”.
Al mismo tiempo, se explicará cómo está la situación de la productividad de estos profesionales y la revisión de sus guardias. “Otro tema que nos preocupa es la problemática de las jubilaciones de la carrera fiscal y la ausencia de previsión de cobertura de esas plazas, lo que puede generar problemas en la cobertura del servicio que damos como Ministerio Público”.
Junto con estas cuestiones de orden interno del colectivo, Dexeus anuncia que “haremos unas mesas redondas para tratar a fondo la situación actual que creemos que es de quiebra del Estado de Derecho. En estos momentos vivimos una crisis importante. Se están tensando mucho los principios de dicho Estado de Derecho como son igualdad de los españoles ante la ley, separación de poderes, arbitrariedad. La crisis es clara y hay una falta de respeto a las instituciones”, respalda.
En este contexto, la presidenta de la AF cree que sorprende el silencio de Álvaro Ortiz, fiscal general del Estado (FGE), que no se ha pronunciado sobre esta materia. “Lo hemos comentado públicamente. No ha hecho ningún comentario sobre la amnistía y eso nos sorprende por el puesto que ocupa en el Ministerio Publico”.
Carta de denuncia a Europa
En este sentido, Dexeus explica a Economist & Jurist que a finales del mes de septiembre su asociación envió una carta a los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders en la que hablaban de la situación que se vive en España en las últimas semanas sobre una futura ley de amnistía provocada para investir al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de la que no van a poder informar ni el CGPJ ni el Consejo Fiscal ni el Consejo de Estado por presentarse como proposición de ley.
En esa carta de siete páginas se reclama a la Comisión que adviertan preventivamente a España sobre aprobar una amnistía a los encausados por el procés que no han sido juzgados, y piden que, si finalmente se aprueba, la UE intervenga para “garantizar el cumplimiento de los estándares europeos” en España, apuntando incluso al procedimiento sancionador que se ha activado con Hungría y Polonia.
La AF, que junto con otras entidades realiza valoraciones del Estado de Derecho de nuestro país, ha aprovechado esa prerrogativa para enviar la mencionada carta al comisario Reynders para alertar de la situación en España. “Hacemos valoración sobre la neutralidad de las instituciones, el nombramiento del fiscal general del Estado o la no renovación del CGPJ. En esta dinámica de colaboración ya informamos a la UE de las rebajas del delito de malversación de caudales públicos o la desaparición del delito de sedición”.
La carta, que fuentes comunitarias confirman que se ha recibido en la Comisión Europea expone que, “de concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España, anulando el papel de los tribunales y creando un agravo comparativo entre españoles porque políticos que cometieron malversación de fondos se pueden acoger a ella, sin embargo delincuentes comunes no podrán acogerse a ella por no ser de la clase política”.
“Eso exigiría”, sigue la misiva, “a nuestro juicio, la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia”.
Al mismo tiempo, indica que “sin descartar lo dispuesto en el artículo 7, en relación con el artículo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE)”, que contempla la posibilidad de que “se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto”, si se constata “un riesgo claro de violación grave” de los principios y valores comunitarios.
La AF también solicita que, en ese escenario, “se pondere la aplicación del Reglamento (UE) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo, relativo a la protección del presupuesto de la UE en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho de los estados miembros”.
La amnistía es el olvido de lo sucedido en Cataluña
No obstante, como punto de partida, la AF urge a los comisarios europeos a instar a España a que “se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea”.
Para Dexeus, “está claro que la amnistía es el olvido de todo lo acontecido en Cataluña en 2017 y eso no podemos permitirlo. Por eso, que la Audiencia Nacional haya decidido abrir juicio oral hace un par de días a 12 CDR que participaron en esos disturbios de octubre de ese año hay que verlo dentro de la normalidad del funcionamiento del poder judicial y fiscal. No hay motivo para paralizar dichas actuaciones u otras causas judiciales en tanto en cuento no tengamos una ley de amnistía que sea aprobada por las Cortes”.
Desde su punto de vista, este es el peor momento que vive la Justicia en nuestro país, tanto por esta situación política que afecta al trabajo directo de jueces y fiscales como por el año de huelgas en el primer semestre, de LAJs y funcionarios que han colapsado los juzgados. “La justicia no es una prioridad para ninguno de estos últimos Gobiernos. Hemos reivindicado la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia para sacarla a flote, pero nuestros políticos no están por la labor en la actualidad”.
La presidenta de AF también subraya que “es muy complicado que en la próxima legislatura se produzca, ante la falta de diálogo entre el PSOE y PP, partidos mayoritarios de nuestras Cortes. Lo lógico es que estas formaciones políticas se pusieran a trabajar en los temas claves de la sociedad y uno de ellos es la justicia por falta de medios materiales y su falta de revisión de nuestras leyes procedimentales, la penal especialmente, muy atrasada en el tiempo, respecto a los países de nuestro entorno”.
Al hilo de sus palabras, sobre la cuestión de si el fiscal debería llevar las investigaciones de los asuntos como se pretende con la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma de la que se ha hablado en estos años pero que no acaba de llegar a nuestro ordenamiento, afirma que “es fundamental que a los fiscales se nos dote de los medios necesarios para realizar dicha labor. Además, es fundamental que se elabore un nuevo Estatuto Orgánico que blinde la figura del propio FGE”.
El FGE debe ser independiente del Ejecutivo
En opinión de esta fiscal, “este blindaje ayudaría a que el nombramiento del mismo no coincida con el plazo del mandato del Ejecutivo, que exista una prohibición de puertas giratorias de tal manera que quien sea ministro de Justicia no pudiera ostentar el cargo de FGE para evitar cualquier tipo de intromisión del Poder Ejecutivo en la labor de esta Fiscalía General del Estado y así fortalecer la imagen de independencia y neutralidad del Ministerio Público”.
Dexeus reconoce que los dos últimos nombramientos, tanto el de Dolores Delgado, que llegó al cargo tras su paso por el Ministerio de Justicia, como el de Álvaro Ortiz, FGE desde septiembre de 2022 muy vinculado a Delgado años atrás como colaborador directo “ha afectado mucho a la imagen de imparcialidad de nuestro Ministerio Fiscal”.
Sobre la gestión de Ortiz como FGE, Dexeus indica que sigue las directrices marcadas por Delgado. “No hemos obtenido grandes mejoras en la carrera fiscal en ese tiempo que lleva en el cargo y desde luego tampoco se ha blindado su imagen de imparcialidad con su silencio en el tema de la amnistía y con ciertos nombramientos en la Fiscalía de altos cargos muy comprometedores para esa imagen de independencia del FGE”.
En este contexto, Dexeus no entiende el silencio de Ortiz ante las manifestaciones del fugado de la justicia y presidente de Junts, Carles Puigdemont, que llegó a decir que “dependíamos del Gobierno. Tampoco el presidente en funciones Sánchez fue muy afortunado cuando en una entrevista en una radio de cobertura nacional dejó caer con la frase, de quien depende la fiscalía nuestra dependencia del Ejecutivo”.
Respecto a las mejoras que requiere la carrera fiscal, “el problema que subyace son los diferentes sistemas de gestión procesal que hay en la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que hace que la implementación de la tecnología sea diferente. Hay lugares como Canarias o Navarra donde la digitalización de la justicia funciona relativamente bien, pero otros como Cataluña , donde en el ámbito penal es un futurible y manejamos los expedientes en papel”.
Sobre la plantilla de fiscales y su redimensionamiento, Dexeus reclama “que se haga un estudio bien hecho de su composición y necesidades para dar una buena fotografía de nuestra realidad como colectivo en los distintos territorios. Esa imagen real debe reflejar las carencias de la carrera fiscal, sobre todo si quieren que afrontemos la investigación e instrucción de las causas penales”. Una vez se haga se podrá definir qué plazas hacen falta en la carrera fiscal para asumir nuestro trabajo con dignidad”.