La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su división de innovación tecnológica, está trabajando en un sistema de verificación de edad y filtrado de contenidos “más certero” para evitar que los menores de edad accedan a contenidos pornográficos online.
“Ahora mismo, la división de innovación tecnológica está trabajando en unos principios de verificación de la edad y de filtrado de contenidos que sean mucho más certeros que lo que dicen siempre las empresas de Internet, que utilizan algoritmos para la verificación de la edad. Ahora hay mecanismos de verificación de edad muchísimo más certeros, que además garantizan la privacidad”, ha avanzado la directora de la AEPD, Mar España.
Así lo ha indicado en una mesa redonda sobre La verificación de la edad de acceso: soluciones y mecanismos viables, en el marco de la campaña #GeneracionXXX, lanzada por la asociación Dale una Vuelta con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
En la jornada, europarlamentarios de diferentes formaciones políticas y expertos en derecho y tecnología han planteado formas para acabar de manera efectiva con el acceso de los menores al porno online.
En concreto, Mar España detalló que están trabajando “con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Ministerio del Interior” en un sistema que dé “un atributo de mayor de edad con cargo a un documento oficial”.
“Yo me descargo con cargo a mi DNI un atributo de que soy mayor de 18 años y, si mi hijo se lo quiere descargar, a mí me salta en mi dispositivo ese aviso. Espero que en los próximos meses podamos publicar ya estos criterios de verificación de edad”, ha remarcado.
Mar España ha precisado que no entra en que un adulto acceda a una página de pornografía porque es “un país libre”, pero ha defendido que hay que “proteger a los menores en un momento clave de su desarrollo cerebral, que es la adolescencia”.
Proteger a los menores
A su juicio, “no puede ser que en este país se regale un móvil por la Primera Comunión, con nueve años, y sólo un 13% de padres y madres filtren los contenidos, al igual que a nadie con ocho años se le pone una botella de whisky, una caja de tabaco y porros a consumo libre”.
La directora del regulador de protección datos, tras la entrevista concedida a Economist & Jurist sobre el acceso de los menores a contenidos online violentos o pornográficos, ha abierto un debate por su deseo de prohibir los móviles en los colegios para menores de 16 años. En esa entrevista comentó que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había impuesto las primeras sanciones a padres de menores que difunden imágenes íntimas sin consentimiento o que reenvían contenido que fomenta el ciberacoso, multas que van de los 5.000 a los 10.000 euros.
En el último año la agencia ha realizado 51 intervenciones a raíz de denuncias recibidas a través de su Canal Prioritario para Contenidos Sensibles. El 70% de dichas intervenciones se corresponde con violencia digital ejercida contra mujeres y niñas. El resto fueron por ciberacoso homófobo o racista, explican en la AEPD.
En 46 de las 51 denuncias por contenidos sensibles se consiguió la retirada de los contenidos publicados en Internet con inmediatez, y en los pocos en los que no se logra eliminar es por estar alojados en servidores del extranjero, donde la AEPD no tiene potestad.
La denuncia ante la AEPD abre una vía administrativa, independiente de la que, además, se plantease ante las Fuerzas de Seguridad del Estado o la Fiscalía en casos de ciberacoso, sexting o pornovenganza. La función de la agencia consiste en la retirada del material delicado de las redes, aunque también tiene potestad disciplinaria.
Así actúa la AEPD con contenidos violentos y sexuales
Cuando se recibe una denuncia en el Canal Prioritario, lo primero que hace la agencia es minimizar el daño a las víctimas. «Si el caso es grave o hay indicios de que se vulneran datos íntimos, ordenamos la retirada del material que ha sido denunciado directamente al infractor y/o al buscador o la red social que la alberga. En el 90% de los casos lo conseguimos en menos de 24 horas». “Esto es posible”, explican, “gracias a los pactos que la AEPD ha firmado con colaboradores como Google o Meta, que incluyen una interlocución directa para afrontar casos graves”.
En paralelo, la agencia inicia su propio procedimiento sancionador. «Si se trata de menores, los padres tienen responsabilidad subsidiaria. Tanto los padres del infractor que graba y distribuye, como los padres del menor que sólo lo difunde. En este sentido, padres, madres o tutores legales pueden llegar a tener que responder económicamente por las infracciones administrativas y conductas delictivas de sus hijos e hijas menores de edad, así como por los daños y perjuicios materiales y morales causados.
El canal para denuncias por contenidos sensibles de la AEPD es una herramienta pionera a nivel mundial y gratuita que se puso en marcha en 2019, pero la primera sanción a padres de menores llegó en 2022. «Fue a un joven de 16 años que extorsionaba a una chica de 13 que le envió en un principio contenido íntimo voluntariamente, pero luego el infractor le amenazó y obligó a mandarle más bajo la amenaza de que las publicaría. Fue sancionado con 5.000 euros, una multa que tuvieron que abonar sus padres», explica la directora de la AEPD.
Estas multas están oscilando entre los 5.000 a los 10.000 euros. «Cada caso lo miramos con mucho detenimiento y hay agravantes y atenuantes. Si el colegio informa de la situación desfavorable de la familia, se tiene en cuenta». Además, cuando quien publique un contenido íntimo que afecte a una víctima sea un medio de comunicación, la Agencia aumenta las sanciones a 50.000 euros.
La agencia es partidaria de afrontar el actual incremento de ciberacoso digital y extorsión sexual por las redes que cometen los menores con multas a sus padres, pero también insisten en la importancia de la prevención.
«Es lo mismo que cuando les dejamos un coche. Les damos pautas (no bebas, ten cuidado porque puedes matar a alguien… Pues cuando damos un móvil a nuestros hijos hay que decirles que hay consecuencias. Pueden usarlo maravillosamente y ampliar sus opciones de ocio y aprendizaje, pero pueden provocar el suicidio a una persona y acabar en la cárcel, así como generarse daños en su salud», aclara la responsable del regulador.
Tolerancia cero
Mar España recuerda a los padres que deben de ser conscientes de la política de «tolerancia cero» de la agencia tanto con los que graban vídeos violentos y los comparten como con quienes los reciben y los difunden.
En todo caso, la directora de la AEPD insistió en que en España, con la ley de comunicación audiovisual, el reglamento general de protección de datos, la directiva de servicios de comunicación audiovisual y el reglamento de servicios digitales, hay “un marco jurídico lo suficientemente consistente y sólido para exigir con voz alta y clara a las empresas de pornografía la verificación de la edad”
En el ámbito de su competencia, Mar España indicó que han investigado la verificación de la edad de las empresas de porno cuyo establecimiento principal está en España y han descubierto que “ninguna” contaba con medidas adecuadas, por lo que han dictado resoluciones sancionadoras contra ellas y, más allá de la multa, ahora están verificando si han implementado las medidas y, en caso de que no lo hayan hecho, podrían llegar a dictar medidas cautelares.
También se ha referido al caso de la difusión de imágenes de falsos desnudos, realizados a través de una aplicación de inteligencia artificial de al menos 22 chicas, todas ellas menores, en la localidad pacense de Almendralejo, un caso en el que la AEPD ha actuado de oficio. En este sentido, Mar España ha recordado que, aunque los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, sí tienen responsabilidad administrativa.
En la misma línea que la directora de la AEPD, los expertos y eurodiputados que han participado en la jornada han subrayado la urgencia de implementar medidas para evitar el acceso de los menores al porno, y han abogado por unos mecanismos de verificación de edad eficaces, así como por los sistemas de control parental.
Marco normativo difícil de implementar
La “buena noticia”, según la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Baleares Valentina Milano, que ha coordinado un estudio con encuestas a casi 4.000 alumnos, es que “la normativa ya existe y está en vigor en España”. Si bien ha añadido que la “mala noticia” es lo “difícil” que es implementar ese marco normativo.
Según ha precisado, la Ley de Comunicación Audiovisual, en vigor desde octubre de 2022, ya incorpora a las plataformas de intercambio de vídeos en el sector audiovisual, y establece la obligación de proteger a los menores de contenido perjudicial. Menciona específicamente que los prestadores del servicio de intercambio de vídeos deberán operar sistemas de verificación de edad e impedir el acceso de los menores “a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía”.
También ha indicado que la ley establece que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), previo informe de la AEPD, evaluar la idoneidad de las medidas adoptadas por las plataformas para bloquear el acceso de los menores, y adoptar sanciones.
No obstante, según ha recordado, la CNMC ha dicho en un informe publicado en mayo que tiene la dificultad de que “no existe un procedimiento para la intervención eficaz con el poder judicial, mientras que en otros países como Alemania, la misma ley incorpora una descripción de un procedimiento ágil que permite acceder al poder judicial de forma rápida para sancionar, multar o hasta bloquear páginas de pornografía”.
Por su parte, el eurodiputado del PP y director de FAES, Javier Zarzalejos, destacó, a través de un vídeo, que existe un “amplio acuerdo político para reforzar la exigencia de controles parentales y establecer procedimientos accesibles y eficaces de denuncia e identificación de este tipo de contenidos” y sobre la exigencia de la verificación de la edad. “Lo que es ilegal offline tiene que ser ilegal también online”, ha remarcado.
Asimismo, la secretaria de Política Internacional y Asuntos Europeos del PSC y eurodiputada, Laura Ballarín, insistió en la necesidad de lograr un “consenso político” y “no politizar esta causa” porque el bien a proteger «es más importante que las opciones políticas”.
En el acto también intervino el director de Dale una Vuelta, Jorge Gutiérrez, quien ha explicado que con la campaña #GeneracionXXX quieren hacer “un llamamiento a los políticos” y “llamar la atención de la sociedad, el mundo educativo, las familias” sobre la necesidad de proteger a los niños del consumo de pornografía.
Mientras, la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, subrayó la importancia de abrir “espacios de diálogo” y de “confianza” con los hijos para poder darles respuestas y que la pornografía no se convierta en “la escuela de sexo”; y en la necesidad de no sólo hacer control parental a través del tiempo, es decir, limitando las horas de acceso a Internet o al móvil, sino de “sentarse a su lado para ver qué están viendo”.