El Ministerio de Justicia ha defendido que la subida salarial pactada con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) todavía no se ha hecho efectiva por la «situación política» que atraviesa el país –con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente– y ha avisado que los acuerdos firmados tienen efectos retroactivos y no corren ningún peligro.
Las asociaciones de jueces y fiscales exigieron al Ejecutivo el pasado 12 de septiembre que cumpliera con la subida salarial de unos 450 euros al mes que pactaron en mayo en el marco de la mesa de retribuciones para evitar la huelga indefinida y advirtieron de que tomarían «medidas» para lograr que se ejecutase lo acordado.
En el mismo sentido se pronunciaron los LAJ el pasado julio, cuando reclamaron formalmente al Gobierno que cumpliese el acuerdo alcanzado en marzo –que contemplaba, entre otras cosas, una subida salarial de hasta 450 euros mensuales– para poner fin a la huelga indefinida que mantuvieron durante tres meses.
Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press han insistido en que los acuerdos firmados son «totalmente vinculantes» y se cumplirán, al tiempo que han recalcado que se trata de pactos que cuentan con la rúbrica no solo de Justicia sino también de Función Pública y que tienen efectos retroactivos.
Así las cosas, las mismas fuentes han asegurado que las subidas no corren ningún peligro y que desde el departamento que dirige Llop están trabajando para ejecutarlas, pero han incidido en que son «conscientes de la situación política» actual. La subida fijada para los LAJ debía haberse hecho efectiva en julio; la de jueces y fiscales, debería aplicarse en octubre.
Jueces y fiscales
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunciaron en un comunicado que a 12 de septiembre los grupos de trabajo no se habían constituido ni se había fijado un calendario de reuniones para abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y fiscal.
Las firmantes avisaron de que «la incierta situación política actual» no debía «servir de excusa para incumplir el acuerdo adoptado», al tiempo que destacaron que –según se les informó– las asignaciones presupuestarias «ya están preparadas y, si no se ejecutan antes de terminar el año, se perderán, con el consiguiente perjuicio para todos».