CEDRO ha lanzado un manifiesto en el que alerta sobre los efectos nocivos de la inteligencia artificial generativa (IAG) para, entre otros, el mundo de las publicaciones, debido a la actual falta de regulación y al uso inadecuado de la misma.
La escritora y académica Carme Riera, que preside la Entidad de autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras, asegura que «estamos muy preocupados porque las plataformas de IAG están utilizando nuestras obras de forma masiva para entrenar sus sistemas informáticos y no cuentan con nuestra autorización». «Los autores y editores no vamos contra los avances tecnológicos, al contrario, somos uno de los pilares del progreso de cualquier sociedad, pero esta tecnología no puede desarrollarse a costa de nuestro trabajo y privarnos de un salario justo por derechos de autor», afirma Riera.
La presidenta de CEDRO ha aclarado que «hemos contactado con las principales plataformas de IAG para pedirles que nos hagan saber si han utilizado obras de nuestros socios, con el fin de que podamos facilitarles una solución a una situación que podría ser ilícita respecto a nuestros derechos de autor».
En este manifiesto, CEDRO explica: «Este sistema de computación está en constante desarrollo, tanto en su capacidad de tratamiento de la información como de optimización de los algoritmos en los que se asienta su funcionamiento» y, por ello, solicita a los partidos políticos «una regulación que garantice la propiedad intelectual sobre nuestras creaciones, la neutralidad y transparencia de la IAG y que certifique su buen uso para evitar cualquier forma de sesgo, discriminación o vulneración de los derechos fundamentales en su desarrollo, aplicación y resultados».
Riera considera que la nueva normativa, que tendrá que tener en cuenta la europea en la que se está trabajando, «debe incorporar criterios que establezcan un marco que garantice una IAG ética, un desarrollo tecnológico transparente y seguro y que, además, garantice la diversidad lingüística».
Finalmente, la presidenta de CEDRO asegura que «de asentarse estos marcos de convivencia, en los que se respeten los derechos de autor, los autores y editores considerarían viable que la IAG fuera un aliado ético en los procesos de generación y difusión de contenidos».