Los expertos recomiendan revisar pólizas para evitar sorpresas con el seguro obligatorio para los canes.
La Ley de Bienestar Animal, que entra en vigor la próxima semana, introduce novedades como la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para evitar daños a terceros. Se trata de una medida positiva, confirma la Real Sociedad Canina de España (RSCE), porque protegerá a los propietarios frente a posibles accidentes de sus perros, pero no se aplicará hasta que se desarrolle la norma.
Economist & Jurist explicó hace unos días cómo se podría gestionar un seguro de este tipo, seguro que cubriría los posibles daños que el animal realizara a terceros. Sin embargo, la falta de un desarrollo reglamentario de ese artículo de la ley que regularía su implementación en un momento en el que hay un Gobierno en funciones hace que se aplace la obligatoriedad de tenerlo por el momento, así como el curso de formación para tenencia de canes.
En una nota del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 se indica que, para los perros considerados como potencialmente peligrosos, la normativa específica de este tipo de canes obliga a que “la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil sea de, al menos, 120.000 euros”. También menciona que esta póliza ya es obligatoria en algunas comunidades autónomas y en algunas localidades por sus respectivas normativas.
A pesar del retraso, la ley de bienestar animal ya establece que el seguro de responsabilidad civil para perros deberá contratarse y mantenerse en firme “durante toda la vida del animal”. Aparte, la cobertura de la póliza incluirá “a las personas responsables del can, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados”.
En consecuencia, todas las personas que posean un perro, independientemente de su raza y de su tamaño, tendrán que contratar este tipo de seguro. Hasta que entre en vigor, dicha póliza solamente es necesaria para los canes de razas consideradas potencialmente peligrosas.
Esta suspensión ha abierto la rumorología en el sector. De hecho, parece que la oferta de este tipo de seguros en el mercado no es muy amplia. Incluso parece que muchas aseguradoras no estaban muy convencidas de lanzar ese seguro sin saber a qué atenerse, sin ese Reglamento que aún no se tiene.
Al parecer, según ha podido saber esta publicación, dicho desarrollo reglamentario estaría casi ultimado, pero no se han dado pistas de cuándo se publicará en el BOE, publicación que señala habitualmente que es el día posterior cuando entraría en vigor dicha obligación para los propietarios de perros que hay en nuestro país.
Al final, la Dirección General de los Animales ha preferido frenar la entrada en vigor de esta nueva obligación para los ciudadanos en materia de seguro ante los problemas que pudieran existir.
En este sentido, la Dirección General de Derechos de los Animales ha precisado a la Real Sociedad Canina de España (RSCE) que sólo serán obligatorios estos seguros en todo el país cuando se apruebe el desarrollo reglamentario de la Ley, previsiblemente en otoño. Durante las últimas semanas se había generado una gran inquietud entre los propietarios de los perros, ante la entrada en vigor de la ley.
Crece demanda de este seguro
De hecho, según datos del comparador de seguros de mascotas de Rastreator, la búsqueda de este tipo de pólizas habría aumentado un 33% respecto a marzo, cuando se aprobó oficialmente la nueva ley y un 41% durante el pasado mes de agosto.
Por eso, ante las dudas y el interés detectado por estos seguros, la RSCE recomienda a los propietarios que comparen pólizas para conocer todas las opciones que hay actualmente en el mercado y que revisen si los seguros que ya tienen contratados para sus hogares incluyen la cobertura de responsabilidad civil de los perros frente a terceros para “evitar sorpresa de última hora”.
Así, es posible que este tipo de responsabilidad ya esté cubierta por el seguro del hogar y, por eso, la RSCE recomienda contactar con la compañía para confirmar todos los detalles de la póliza.
En el caso de que un perro se escape en la calle y cause la caída, por ejemplo, de un ciclista, los posibles daños que cause quedarán cubiertos por el seguro y los propietarios no tendrán que responder con su propio patrimonio.
La Real Sociedad Canina de España, por su parte, ya exige desde hace años a todos los propietarios de perros que participen en exposiciones y disciplinas deportivas, que tengan suscrito dicho seguro.
La RSCE, además, mantiene una alianza estratégica con Petplan Ibérica, el experto en seguros de salud para mascotas que opera a nivel global, para la divulgación de los beneficios que reportan los seguros de salud para perros que cubran sus gastos veterinarios. En Reino Unido, casi un millón de perros se han beneficiado ya de un seguro de salud a través de un acuerdo similar suscrito por el Kennel Club. En España, Petplan y RSCE estiman que se podría llegar a una cifra de unos cincuenta mil perros asegurados para 2024.
“Es importante que los ciudadanos entiendan que a partir de ahora no es gravoso tener un perro, sino que este seguro les aportará una mayor tranquilidad en caso de posibles accidentes”, apunta el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.
Explica, asimismo, que la nueva Ley de Bienestar Animal armoniza la normativa y ofrece un marco común de actuación en todo el país porque había numerosas iniciativas municipales y en ciertas comunidades, como Madrid y País Vasco, ya era obligatorio contratar este tipo de seguros para los perros.
“No hay cambios drásticos, pero como se ha hablado tanto de la ley, y su repercusión a nivel público ha sido muy elevada, mucha gente piensa que antes no tenía que hacer nada con su animal y ahora mucho. No es así”, señala Doval.
Sin reglamento no hay sanciones
Para Luis Alfonso Manzano, socio responsable de seguros y reaseguros de Bird and Bird España, “la obligatoriedad del seguro se queda en un segundo plano hasta que se aprueba el mencionado Reglamento, que lo va a desarrollar en el futuro. Todavía no se sabe bien el motivo del retraso de ponerlo en marcha, pero lo que dice la ley es que el importe del seguro se tiene que establecer de forma reglamentaria”.
Desde esta perspectiva, este jurista subraya que “si eso queda tal como está y se retrasa la aprobación del Reglamento no se puede poner en marcha un seguro porque no se saber cuál será el importe por el que debe asegurarse. En un momento como el actual, con Gobierno en funciones, realizar un desarrollo reglamentario es harto complicado por lo que sabemos en otras situaciones similares”.
Por su parte, Carmen Reyes, abogada y economista y socia de la firma de abogados HispaColex, en la que ocupa el puesto de letrada del departamento de Derecho de Seguros, subraya que “la última circular de la Dirección General de los Derechos de los Animales ya avisaba de este aplazamiento. Se habla que falta el desarrollo reglamentario como causa fundamental para que entre en vigor la obligatoriedad de este seguro a terceros para perros”.
Como ya comentó a Economist & Jurist, “había escasas herramientas para poder armar un contrato de seguro de esta índole ante la falta del mencionado desarrollo reglamentario. Se desconoce todo, la cuantía por la que se asegura, qué tipo de limitaciones tiene la póliza. Nosotros aconsejamos tener ese seguro porque el riesgo sigue existiendo y hay que cubrirlo. Por el momento se desconoce, y más con la situación política que hay, cuándo tendremos ese Reglamento”.
Esta obligación se encuentra en el artículo 30.3 de la norma, que establece por primera vez la obligación de contar con seguros de responsabilidad civil para perros a nivel estatal. Así, a falta del desarrollo reglamentario, el propietario que no cumpla con esa obligación podría ser sancionado con multas que van entre 500 y 10.000 euros.
Otras sanciones a las que se exponen los dueños de perros tienen que ver con la no recogida de los excrementos del animal. Aquí la cantidad es muy variable, ya que depende de cada ciudad, pero está entre los 60 y los 3.000 euros, de modo que no recoger las deposiciones de nuestro perro en la calle nos supondrá un buen disgusto.
Al mismo tiempo, dejar al perro suelto sin supervisión puede costarnos muy caro. Con la nueva ley se prevén multas de 500 a 10.000 euros por dejar al perro suelto sin supervisión por la calle, y eso siempre que no le ocurra nada. En el medio rural aún es usual abrir la puerta al perro para que pasee solo por el pueblo, algo que ahora está sancionado con cantidades elevadas.
Por otro lado, si no comunicamos la pérdida del animal en 48 horas, se considerará abandono. En la actualidad ya es obligatorio identificar a los perros con chip, de forma que si se nos pierde o nos lo roban hay que notificarlo a las autoridades en un máximo de dos días. Si no lo hacemos así y lo encuentran estaremos incurriendo en una infracción grave cuya multa va de los 10.001 a los 50.000 euros, que será la misma que nos aplicarán si al salir a la calle comprueban que nuestra mascota no tiene el microchip.
Otra práctica que hay que desterrar es la de dejar a los perros dentro del coche, solos y encerrados. Puede ser una infracción leve si esta conducta lo pone en peligro (algo que ocurre cuando hace sol) y que nos expone a una sanción de entre 500 y 10.000 euros.