Esta mañana en la entrada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona se han concentrado abogados, procuradores y otros operadores jurídicos catalanes para mostrar su preocupación por la anunciada ley de amnistía dado que, por los pactos políticos que se han publicado, supondría una vulneración a los principios esenciales de todo Estado de Derecho: el principio de legalidad, la igualdad ante la ley y la separación de poderes.
En esta iniciativa íntegramente jurídica, los profesionales catalanes han mostrado en especial su preocupación por el concepto de “lawfare” que incluye el pacto entre PSOE y Junts, que significa asumir que en España existe una “guerra jurídica” o “persecución de los jueces” a ciudadanos por razón de su ideología. «Nos parece especialmente grave que en los acuerdos de investidura se siembre la sospecha generalizada de una actuación judicial prevaricadora mediante la apelación al llamado “lawfare” y, además, se condicione la aplicación de la ley penal a la supervisión parlamentaria a través de Comisiones de investigación. La materialización de ese acuerdo, sin precedentes en la Unión Europea, acabará con la separación de poderes, en tanto que se pretende someter las decisiones judiciales a la supervisión de la “clase política”.
A su juicio, este concepto es una afrenta directa a la independencia judicial y a la separación de poderes y su reconocimiento implicaría el control político de las decisiones judiciales, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder. «A raíz de los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos Junts y ERC, consideramos pertinente advertir del grave deterioro institucional que puede suponer la aprobación de una Ley de amnistía para los implicados en procedimientos judiciales por los hechos relacionados con el procés«, afirman.
Por todo ello, los concentrados han leído el manifiesto difundido el pasado viernes que ha recibido el apoyo de más de 2000 abogados, procuradores y operadores jurídicos de toda Cataluña. En el referenciado manifiesto afirman que «como operadores jurídicos que desarrollan su actuación fundamentalmente en Cataluña, rechazamos de manera tajante las descalificaciones que se contienen en los acuerdos de investidura hacía el poder judicial, en cuanto ello supone un ataque a su independencia. En esa línea, negamos la existencia de una persecución política desde el poder judicial contra el separatismo. En los procedimientos judiciales se investiga la comisión de delitos y no se juzga la ideología de los autores de los hechos».
Asimismo, rechazan rechazan «conceptualmente la concesión de amnistía a los implicados en hechos delictivos que pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes, en tanto que pretenden otorgar espacios de impunidad a personas por su ideología. Este trato privilegiado es contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos».
Por último, han expresado su confianza en el sistema judicial español y manifestado «que las discrepancias con las resoluciones judiciales se deben articular por los operadores jurídicos a través de los pertinentes recursos judiciales».