La circular firmada por el secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, recibida el pasado viernes a última hora de la mañana, y donde se señala la vuelta a la normalidad y la obligación de la presencialidad de LAJs y funcionarios de justicia ha vuelto a generar un nuevo problema entre el Ministerio y estos operadores jurídicos.
Desde fuentes sindicales se acusa a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de eliminar el teletrabajo de un día para otro, tras años en los que ha “usado” al personal de la Administración de Justicia “para hacer frente a una pandemia excepcional y tras la cual ha sido incapaz de poner los mecanismos necesarios para normalizar el trabajo con las garantías pactadas con CCOO y STAJ en marzo de 2021”. La medida afecta a unos 30.000 funcionarios, que ya no podrán teletrabajar.
Según los sindicatos, “la justificación jurídica que utiliza el Ministerio en la circular que se adjunta (‘por la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19’) es absolutamente irrisoria teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas COVID.
Desde entonces, CCOO. STAJ Y CSIF han estado exigiendo al Ministerio de Justicia la aplicación del acuerdo que, en marzo del año 2021, alcanzó con parte de los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial (entre ellos CCOO) que permitía que se incorporara legalmente el teletrabajo para todo el personal de Justicia. “Pero el Ministerio, con todo tipo de excusas y pretextos, se ha negado a aplicar ese acuerdo a pesar de haber tenido tiempo para ello”, señalan.
En cualquier caso, desde las organizaciones sindicales, que esta vez han emitido comunicados por separado sobre esta reivindicación y no conjuntos como con la huelga que pusieron en marcha para lograr mejoras salariales, “demandamos al Ministerio que actúe con urgencia, como no lo ha hecho hasta ahora, y hasta que esta nueva regulación no esté en vigor, dé marcha atrás en esa circular y no elimine el teletrabajo en su ámbito territorial”, apunta Luis Calero, secretario general de Justicia de CCOO.
Asimismo, exigen que lo garantice en condiciones de igualdad para todo el personal, pues algunas de las comunidades autónomas con competencias transferidas -que también estarían obligadas por esta resolución- ya han anunciado que no la van a poner en práctica de forma tan inminente, como son los casos de Comunidad Valenciana y Aragón y otras incluso tienen recientes acuerdos en sus ámbitos por los que prorrogaron el teletrabajo hasta mediados del 2024, lo que también provocaría una desigualdad entre el personal de la Administración de Justicia de todos los territorios.
Calero recuerda que el teletrabajo ha funcionado bien y con eficacia. “En el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) aparece regulado. En Justicia se firmó un acuerdo con Juan Carlos Campo, anterior ministro, pero nunca ha estado regulado realmente de forma clara. En este periodo de tiempo se teletrabajaba tres días a la semana. Ahora se suprime de golpe sin ninguna explicación”.
Los secretarios judiciales, molestos
Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), a través de sus tres asociaciones, Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia CJLAJ; Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y la Union Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, han vuelto a hacer frente común contra el Ministerio y exigen una regulación urgente del teletrabajo.
Ernesto Casado, presidente del CNALJ, cree que el teletrabajo ha venido para quedarse. “Si te mandan archivos por correo electrónico lo puedes hacer en casa y en la oficina. Eso lo tiene que regular el Ministerio. Y no lo ha hecho en estos tres últimos años. No se puede revocar una cuestión de tanta importancia un viernes antes de comer. Hay compañeros/as que cuidan a gente mayor o tienen hijos pequeños, situaciones que deben regularse ahora”.
Desde su punto de vista, que recoge el sentir del colectivo, “Justicia debe regular el teletrabajo, tanto la forma de ejercerlo como quién lo puede utilizar y en qué situaciones. Sabemos que hay comunidades autónomas que van a secundar la circular de Olmedo, pero otras no. Por medio hay mucho dinero gastado en equipos informáticos que veremos dónde acaban ahora.
En su opinión, “no es lo mismo un juzgado contencioso-administrativo que otro de instrucción de guardia, donde tienes que estar físicamente en la sede del juzgado. No es lo mismo el trabajo de un gestor procesal que es más intelectual que el de un auxilio judicial que tiene que atender al público. Necesitamos una circula más flexible y que regule bien este tema. Desde principios de legislatura se lo hemos pedido, pero no nos hacen caso. También están sin convocar las oposiciones del 2022 y 2023. Hay inacción absoluta en el Ministerio de Justicia”.
Para Ávaro Perea, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada, “la experiencia ha sido buena. En mi caso, eran tres días presenciales y los martes y jueves trabajaba en casa. En esos días acumulaba todo lo que iba a resolver y así lo hacía. Personalmente prefiero esta forma de trabajar híbrida hasta hace unos días, pero ahora no va a poder ser, como señala la circular del viernes”.
Perea es el único LAJ de su juzgado. “De los ochos funcionarios que tiene el juzgado teletrabajaban todos y ahora no lo harán. Creo que estaba organizado bien, la experiencia ha sido buena. Creo que hemos sido más productivos. Veremos cómo nos organizamos en esta vuelta a la normalidad de forma presencial”.
Desde su punto de vista, “por la pandemia, la apuesta del Ministerio por las herramientas telemáticas fue notable, tanto en juicios virtuales como en teletrabajo. Al final han preferido seguir con la presencialidad en lugar de tirar por un modelo hibrido como hay en despachos de abogados y otras organizaciones. Sorprende la vuelta a la normalidad sin dejar el modelo hibrido de trabajar con los funcionarios y LAJs, pero es lo que tenemos”.
Los jueces creen que debe regularse
En el caso de los jueces y fiscales, advierten que su trabajo ha estado la mayor parte del tiempo unido a la presencialidad. En cuanto a los fiscales, Cristina Dexeus, presidenta de Asociación de Fiscales recuerda que el colectivo no tenía derecho a realizar este teletrabajo. En el caso de los jueces, su tiempo mayoritario fue la presencialidad, aunque impulsaron los juicios y audiencias telemáticas en mitad de la pandemia, otra de las medidas a la que Justicia ha dado carpetazo.
Para Alejandro Mariscal de Gante, titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma y uno de los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cree que el teletrabajo debe tener una regulación legislativa. “Se viene hablando desde hace mucho tiempo de ello, pero parece que hay otras prioridades antes que atender las necesidades de la Justicia, como hemos visto estos últimos meses”.
A su juicio, “nuestra actividad como funcionaros públicos está sujeta a muchos vaivenes. Está bastante mal organizado. Al final todo redunda en que se dé un buen servicio público desde los órganos judiciales. En nuestro caso como carrera judicial no hemos tenido una regulación específica como la mayor parte de la función pública. Eso sí, ponemos sentencias a todas horas, otra forma de teletrabajar diferente. En nuestro caso, la presencialidad ha sido casi absoluta salvo con la implementación de los juicios telemáticos que en muchos juzgados se pusieron en marcha”.
Desde su punto de vista, “este no es un tema prioritario para nuestro colectivo. Sí es importante de cara a la oficina judicial, donde conviven LAJs con los funcionarios del juzgado. Se trata de mantener la organización interna. En nuestro caso, conocida la circular antes de comer del pasado viernes, logramos coordinarnos vía Whatsapp de tal forma que este lunes estaban todos los profesionales de forma presencial en este juzgado. Aquí hay que alabar la colaboración de todos para que no haya habido problemas de cara al día de hoy”.
En su opinión, “nadie duda que el teletrabajo puede ayudar a conciliar a muchos profesionales que tengan responsabilidades familiares o situaciones personales concretas. El problema es que debe conciliarse con la prestación del servicio público y eso es una cuestión que debe afrontar el legislador con una norma específica que lo regule. La resolución del viernes del Ministerio dice poco de su diligencia en este tema. Para implementar ese teletrabajo se necesitan medios materiales que hasta ahora se han dado de forma deficiente”.
Los abogados, partidarios de la presencialidad
Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, entidad que programó diferentes actividades formativas en materia de webinar en lo más duro de la pandemia, cree que es positivo que se vuelva a la presencialidad porque la pandemia del Covid 19 se ha superado. “Ya necesitábamos tener esta circular del Ministerio de Justicia que marque la pauta. Hasta ahora cuando ibas a las comisiones mixtas de los TSJ te decían que no podían hacer nada para revertir la situación, estando en vigor como han estado hasta el pasado mes de julio las medidas anti Covid”.
Para este letrado defensor de la presencialidad, “en los últimos meses se ha ido volviendo de forma progresiva a la normalidad en los órganos judiciales en todos los órdenes. Era importante contar con esta circular del secretario general Manuel Olmedo, que consideramos muy acertada. Volver a la normalidad es imprescindible para el buen funcionamiento de los órganos judiciales. Hay que valorar de forma notable esta decisión”.
A su juicio, “con esta medida se acaba con algunas disfunciones que hemos vivido los abogados, hay procedimientos en los que los abogados tenemos que proponer el mismo día de la vista testigos y peritos, en función del tipo de procedimiento. Contar con los problemas de tener que pedir permiso para que acudan provocaba esas disfunciones que en algunos casos ha mermado el legítimo derecho a la defensa de algunos de nuestros clientes justiciables”.
Para este letrado, “en cuanto a una futura regulación del teletrabajo, no podemos olvidar que una posible regulación del mismo ya venía en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal. En el caso de que haya nuevo Gobierno, todo parece indicar que se recuperaría dicho proyecto de ley y otros de alcance relacionados con la eficiencia organizativa y la eficiencia digital. Sabemos que acabarán de regularse porque son claves para la modernización de la justicia.
Para Virginia de la Cruz, abogada con despacho propio y presidenta de ALTODO, “por lo que sabemos, la circular que manda el Ministerio de Justicia es un recordatorio para indicar a los funcionarios y LAJs que el teletrabajo se acabó en julio y que deben volver a sus puestos de trabajo. En nuestro caso, como usuarios de los juzgados en algunas ocasiones hemos tenido problemas porque los profesionales teletrabajaban y no nos podían atender. De todas formas, si el teletrabajo se organiza de forma adecuada en los juzgados no nos tendría que afectar en nuestra relación con los órganos judiciales”.
A su juicio, “es fundamental que te garanticen que te van a atender. Ahora en algunos juzgados han empezado con la cita previa. Creo que no es lógico que se implante porque es un servicio público esencial. Deben atender a abogados como a procuradores, como también al ciudadano que quiere conocer el estado de su asunto. No se puede perder tiempo con las citas previas y en muchos casos necesitamos esa información para algún plazo que está a punto de concluir”.
Esta letrada reconoce que con la pandemia se hizo un esfuerzo importante por hacer las actuaciones telemáticas. “Se trataba de evitar los contagios y el esfuerzo era importante. Si ahora algunos LAJs y funcionarios quieren seguir manteniendo ese régimen de teletrabajo hay que hacerlo respetando nuestros derechos como profesionales y las de nuestros clientes, que deben estar atendidos. En aquellos momentos salíamos poco de casa y nos movíamos por videollamadas o zooms para preservar nuestra salud”.
Respecto al Turno de Oficio, reconoce que “se han hecho más juicios y actuaciones telemáticas, pero, no tanto por los contagios que puede haber como porque puede haber coincidencia de señalamientos. En ese caso, te dan la oportunidad de si coinciden dos hacer uno telemático, siempre que no perjudique a nuestros clientes”. A nivel general recuerda que el uso de Lexnet implantado poco antes de la pandemia ha ayudado a que se manden las actuaciones por correo electrónico.
En el caso de los procuradores, este colectivo sigue de alguna forma las tesis de los abogados. Roberto Granizo socio responsable de Granizo Procuradores, afirma que en la capital de España cree que la situación de los juzgados es insostenible. “Hay demandas presentadas en agosto que no se han dado trámite. Creo que ahora con todos los profesionales en el juzgado podrán trabajar más y mejor. Hay clientes que nos dicen que pongamos quejas en el Consejo General del Poder Judicial por el mal funcionamiento de algunos de estos juzgados”.
Desde su punto de vista, “el momento es crítico. Es fundamental que los juzgados se pongan al día con los cientos de asuntos que tienen pendientes. Con el teletrabajo de los funcionarios, como nadie nos avisa, nos hemos encontrado que acudíamos al juzgado y el profesional no estaba, eso nos ha generado muchos problemas a los procuradores. Creemos que se puede organizar mejor el trabajo en los juzgados para que no se resienta la actividad de los órganos judiciales”.
En su opinión, “ahora es el momento de poner en marcha los planes de refuerzo, sus primeros resultados no los veremos ya hasta el año que viene. Pero es el momento de hacer un estudio sosegado y detallado de lo que necesita nuestra justicia y sus juzgados. Por el momento, los juzgados van muy mal. El efecto de las huelgas de LAJs funcionarios sigue siendo importante porque hay mucho papel que sacar. Creo que los funcionarios podrían poner más interés en su trabajo y ser más eficientes”.