El Consejo de Ministros autoriza la subida pactada, que será de entre 440 y 450 euros mensuales para jueces y fiscales y de 430 para los letrados.
Con varios meses de retraso desde que se firmaran los acuerdos con jueces y fiscales, por un lado, y letrados de la Administración de Justicia (LAJs), por otro, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes los reales decretos retributivos que hacen efectiva la subida a los jueces y fiscales y al colectivo de los LAJs. Se trata de dar cumplimiento a los acuerdos firmados entre el Gobierno y estos operadores jurídicos, de marzo el de los LAJs y de mayo el de jueces y fiscales.
Lo anunciaba en rueda de prensa la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien indicó que los aumentos retributivos se implementarán «de forma progresiva, en diferentes hitos a finales de este año y a mediados del que viene para completar el acuerdo al completo a partir de julio de 2024″.
Para jueces y fiscales se ha decretado la actualización del complemento de destino por representación, con una subida de entre 440 y 450 euros mensuales. A los letrados se les aplicará un «complemento específico transitorio» de 430 euros mensuales con efectos retroactivos desde enero de 2023.
Queda por saber qué estrategia mantendrá el Ministerio de Justicia ante las reclamaciones de los sindicatos que representan a más de 45.000 funcionario de toda España. Los sindicatos CSIF; STAJ y CCOO reclaman una subida salarial similar a estos colectivos y una negociación inmediata para evitar este tipo de discriminaciones.
En el caso de CSIF, sindicato mayoritario de Justicia, ha tenido una respuesta inmediata. En un comunicado recibido a última hora de la mañana anuncian que recurrirán la subida salarial de letrados de la Administración de Justicia aprobada hoy en Consejo de Ministros por vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva.
Según el colectivo, el acuerdo previo a la subida no pasó por la preceptiva Mesa de Negociación, lo que, a su juicio, vulnera gravemente la ley de libertad sindical, y el derecho de negociación colectiva.
Los LAJs explican a Economist & Jurist que hay un informe del Consejo de Estado que reconoce la efectividad del acuerdo suscrito por el Comité de Huelga de los LAJs con el Ministerio y eso sería la base legal de dicho acuerdo jurídico.
El Gobierno se ha quitado de encima un problema importante que auguraba un otoño de movilizaciones y huelgas. Es previsible que los propios sindicatos sean llamados en los próximos días a mantener una negociación
Los flecos de los acuerdos
Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales se muestran satisfechas porque el acuerdo que hoy ha señalado Montero en rueda de prensa está en plazo. Jorge Fernández, portavoz judicial de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, se muestra satisfecho por la noticia. “Contra todo pronóstico, nos avisaron a primera hora de la mañana que iría nuestras mejoras salariales en este Consejo de Ministros.
Ahora, estos operadores jurídicos están pendiente del BOE y de cómo queda reflejado el acuerdo que modifica sus retribuciones. “Hay que leerlo bien y comprobar qué modificaciones reglamentarias se han hecho. El acuerdo afecta a toda la carrera fiscal y judicial a través de las siete asociaciones representadas en la mesa que se abrió con Justicia y Hacienda”.
Este juez indica que hay asuntos del acuerdo que quedan pendientes. “Como temas pendientes está la cuestión del número de plazas y de la constitución de grupos de trabajo para preparar la convocatoria de la mesa de negociaciones que estará operativa en mayo del 2024. Vamos con cierto retraso, pero lo cierto es que nosotros ya estamos operativos para que esta parte se cumpla”.
Fernández recuerda que se ha aprobado el primer tramo retributivo del 40% de la subida total, pero quedan otros dos. Uno de enero de 2024 y el otro de junio del año que viene, en porcentajes del 40% y 20% restante en el último plazo”.
A su juicio, “con estos acuerdos que se ratifican se rebaja mucho la tensión en la Justicia española. A diferencia de los LAJs, que han sufrido una demora de varios meses, en nuestro caso el acuerdo va en plazo y quita la ansiedad existente en la carrera sobre la viabilidad del mismo. Sigue existiendo incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar en tres meses, si habrá o no Gobierno, pero es menor que hace meses”.
Desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), su presidente, Ernesto Casado, indica que “hemos conseguido cuatro meses después que el Ministerio de Justicia formalizara estos reales decretos retributivos. La clave ha sido estar encima del tema todos los días y no perder la esperanza de que Justicia cumpliría más tarde que pronto, como así ha sido cuatro meses después”.
“Quedan aún por cumplir el resto de medidas del acuerdo, que exigimos que se hagan efectivas sin dilación: está pendiente la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del cuerpo de letrados, aprobación del decreto regulador de nuestro régimen de sustituciones y desarrollo del actual sistema de retribuciones variables», sentencia el comunicado que firman la Unión Progresista de Letrados, la Asociación Independiente de Letrados y el Colegio Nacional de Letrados.
En estos meses, las conversaciones con Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y parte de su equipo han sido continuas con los propios LAJs. “Ya la semana pasada nos dijeron que el asunto iría al Consejo de Ministros de este martes. Es un acuerdo que cuenta con un informe del Consejo de Estado que valida el acto del Comité de Huelga y su efectividad con el Ministerio de Justicia, lo que evita que pasara por la mesa de negociación”, explican los letrados.
La discreción de los LAJs en estos temas ha sido total. Ahora queda el trámite de que aparezca en el BOE para que sea realmente efectivo. Un trámite que no debería alargarse mucho en el tiempo. Pero el anuncio hecho por María Jesús Montero es claro sobre que no tardará su publicación. “Al final esperamos que esté en la nómina de este mes”.
Este acuerdo supone una media salarial de unos 400 euros de subida y se concreta en tres momentos. “Hay tres escalones, uno que se hacía efectivo el 1 de julio, otro a final de año y el otro que era el 20% en julio del año que viene. Lo de julio que no hemos cobrado aún lo cobraremos desde el 1 de enero del 2024. Ahora hay que ver el resto de los elementos del acuerdo que están pendientes. Ya esos hitos dependen de la situación política y del Gobierno que exista en estos días, si hay nuevas elecciones”.
La ejecución del resto del acuerdo supone que se modifiquen normativas que se tienen que tramitar también. “Veremos si es posible hacerlo con el Gobierno en funciones. Ahora lo que queda pendientes es aprobar el RD de Sustituciones, la modificación del Reglamento Orgánico, con cambios estatutarios que reclamamos desde hace años. Tenemos consensuado el texto con el Ministerio en un 90%”.
Los problemas del Registro Civil
Otra cuestión pendiente tiene que ver con el Registro Civil. “Se siguen sin implementar las retribuciones de los encargados de estas entidades. A día de hoy no está claro cuáles son las retribuciones de estos profesionales. También debemos poner en marcha los grupos de trabajo mixtos que vienen reflejados en el acuerdo. Pero todo con la incertidumbre del momento político que se vive en la actualidad”.
Desde el colectivo de los LAJs se ve con preocupación la implementación de herramientas por parte del Ministerio de Justicia en los juzgados de nuestro país. “No nos consultan y los errores son notables, eso hace que nos retrasemos mucho en nuestro trabajo. Recordamos al Ministerio que estas herramientas deben tener un soporte legal que ofrezca seguridad jurídica a los que implementamos dichas tecnologías”.
Para Juan Jesús Yañez, LAJ del Juzgado Penal 1 de Vigo y otro de los integrantes del Comité de Huelga, se congratula del anuncio del Consejo de Ministros que aprueba estos RD retributivos. “Un acuerdo que nos ha costado de media 4.000 euros brutos en los descuentos por los días de huelga. Hemos estado encima del Ministerio de Justicia, sin perder la comunicación con ellos pese a que señalaban que estaban en funciones. La última reunión online que tuvimos con Manuel Olmedo ya nos habló que iban a cumplir, pero no nos dieron ninguna fecha”.
El anuncio de aprobación del Consejo de Ministros hace posible que se vea esta subida en la nómina de octubre. “El Gobierno ha decidido cubrir estos trámites por discreción. Nos lo comunicaron antes de esta mañana que se iniciará la reunión de Moncloa. La subida es la que se acordó, hay otras reivindicaciones como la que los LAJs cobremos lo mismo estemos en un juzgado de primera o de segunda categoría”.
Para este letrado, “hay que pensar en los compañeros que están en juzgados pequeños con mucho trabajo y competencias y siguen teniendo una retribución inferior. La mejora ha sido para todos. Ahora hay que esperar al nuevo Gobierno por las otras cuestiones que están pendientes. Creo que lo primero sería la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico y después hay que desarrollar cuestiones de la carrera profesional”.
A este respecto, considera Yañez que “hay cuestiones importantes que suprimir, como es la cuarta categoría que es un mecanismo establecido que perjudica a los que ingresan en la carrera. Les obligan a estar muchos años para consolidarse en segunda categoría. La LOPJ sólo habla de tres categorías, pero como obligan a consolidar la tercera de facto, hay una cuarta que el Ministerio se ha comprometido a que desaparezca, pero no lo ha hecho. En esa situación puede haber cerca de 500 compañeros”.