El fiscal y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial cree que la obligatoriedad de la mediación podría descargar de asuntos los juzgados en un 20%, esto es 500.000 asuntos fuera de los tribunales.
En el año 1984, cuando se produjo una reforma del artículo 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que exhortaba a los jueces a que alcanzasen acuerdos, el que era en aquel momento magistrado, Agustín Azparren, lo tomó en serio y en su juzgado empezaron a tener lugar acuerdos previos antes de la vía judicial.
Cuarenta años después, este jurista ha atesorado una carrera profesional importante. Es fiscal en excedencia y magistrado jubilado voluntariamente. Además, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008) y presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Pero, sin duda, lo más importante es que ha seguido con su carrera como mediador con indudable éxito a nivel.
Es profesor en los Máster de Mediación de varias universidades y Colegios de Abogados y procuradores. Al mismo tiempo se ha convertido en un Mediador de reconocido prestigio, su participación con otros expertos ha sido clave para desarrollar el proyecto de ley de eficiencia organizativa que convierte en obligatorio el intento de haber buscado un acuerdo antes de ir a la demanda civil o mercantil.
Desde el punto de vista de este jurista, “en este tipo de conflictos con cierto tinte político, donde hay una huelga frente al Ministerio de Justicia, sorprende que los propios técnicos del Ministerio se encarguen de negociar, cuando pueden acudir a un mediador. En este caso, por lo que vemos es que en estos conflictos no hay demasiado feeling entre Justicia y los funcionarios, con lo cual estaría más que justificado que hubiera un mediador”.
Sin embargo, pese al requerimiento de los propios funcionarios y al propio ofrecimiento de Azparren y otros expertos como mediadores, recogido en un anterior reportaje en Economist & Jurist, ningún mediador se ha utilizado para resolver esta problemática. “Deberían haber acudido a un tercero para desatascar este tipo de conflictos, máxime cuando hay apostado por una ley de eficiencia procesal con la mediación como elemento clave”, asegura el ex vocal del CGPJ.
Azparren ha sido miembro del Consejo de Administración del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), y su presidente en España. También presidió el Instituto de Mediación del Principado de Asturias (IMPA), creado por el Colegio de Economistas de Asturias.
Desde el 2017, es responsable del área de mediación de Ontier. Seis años después y muchas mediaciones empresariales realizadas, cree que es importante convencer a los abogados para que deriven a mediación, “muchos de ellos siguen apostado por el pleito y sus clientes no conocen que existe la mediación”.
Mediación y empresa familiar
Economist & Jurist ha hablado con Azparren cuando acaba de impartir este martes una conferencia sobre mediación y empresa familiar, organizada por la consultora Mediatio Mediación Online, que dirige otra experta como Amelia Medina, donde ha hablado de las bondades de aplicar la mediación a esta esfera de la empresa familiar.
“Es uno de los ámbitos ideales de su aplicación. Sus orígenes es como si fuera un conflicto familiar, donde uno de los problemas claves es la sucesión en este tipo de empresas. Eso lleva a desarrollar protocolos familiares que impulsen esa sucesión empresarial o por acuerdos de mediación, por si hay algún conflicto presente o futuro”, comenta.
Azparren aprovechó aquella reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 1984 para apostar por la mediación en su juzgado. “Llevaba unos tres años como juez, aproveche aquel cambio normativo que exhortaba a los jueces que propusiéramos a las partes a llegar a un acuerdo en esa fase previa. Lo primero que advertí es que en muchos de esos asuntos las partes no habían hablado, entre ellos los abogados”.
Desde su punto de vista, “hay que darse cuenta que los abogados siempre piensan en el litigio y deben cambiar su mentalidad. No se les ocurre hablar con la otra parte y ver que hay otros sistemas distintos que la vía judicial. Por eso la campaña de difusión que se haga de la mediación hay que hacerla especialmente para los 150.000 abogados de nuestro país”.
El éxito de esos acuerdos previos de Agustín Azparren hizo que el CGPJ confiara en él para poner en marcha una experiencia piloto, en aquel momento Manuela Carmena era vocal de la institución. “Formé parte de ese proyecto piloto con otros jueces, donde nos formaron en técnicas de mediación para aplicarlas en tres meses”.
Pasado ese periodo de tiempo, este jurista había conseguido un 70% de acuerdos. “Eran comparecencias de entre media hora y una hora donde las partes salían con un acuerdo, ahorrándose tiempo y dinero en estos litigios, cuando realmente lo que te dabas cuenta es que no había hablado antes. Eso hizo fomentar mi vocación como mediador que he seguido hasta este momento presente”, afirma.
Con posterioridad, Azparren pediría la excedencia de la carrera judicial hace diez años para dedicarse a la abogacía. “Desde el primer día que recalé en el bufete Martinez-Echevarría, primer bufete donde recalé, mi objetivo fue el de intentar promover la mediación. Luego en otro despacho, como Ontier, creamos esa área de mediación que sigue operativa”.
El abogado, escollo de la mediación
A su juicio, el abogado sigue siendo uno de los muros que impide el desarrollo de la mediación, pero cita otros elementos que aquí confluyen varios factores. “Hace años hubo un estudio de la Comisión Europea que hablaba de la paradoja de la mediación. Todo el que conocía este método extrajudicial estaba en un 95% satisfecho del resultado, sin embargo, los datos eran pobres y poco representativos”.
En su opinión hay que recordar que “somos un país muy litigioso, es muy común escuchar la frase “yo lo que diga el juez”, y eso también es sorprende porque las encuestas de opinión sobre el funcionamiento de la justicia no son buenas, sin embargo, siguen acudiendo a los juzgados en masa”.
Desde su punto de vista “los abogados tienen papel importante en el desarrollo de la mediación. Su código deontológico establece que es una obligación del abogado explicar a sus clientes todas las variables para resolver ese conflicto. Su papel es como el médico que informa de todas las opciones, pero no siempre lo hace el propio abogado de hablar de la mediación”.
Para Azparren, “el abogado piensa más en la demanda que en explicar que hay esas otras opciones que van desde la negociación a la mediación. El problema es que en las Facultades de Derecho los abogados se desarrollan en asignaturas procesales, pero escasean aquellas sobre negociación y mediación. Tampoco en el Master de la Abogacía se les enseña a los abogados las técnicas de negociación y a que conozcan la mediación”.
Buscar un revulsivo
Desde su punto de vista, en muchos despachos de abogados se piensa que la mediación no es tan rentable como el litigio. “En estos doce años de la actual Ley de Mediación Civil y Mercantil en nuestro país, los resultados han sido pobres, la regulación no ha servido para mucho. La norma en sus disposiciones finales habla fomentar la difusión de la mediación, pero poco se ha hecho en nuestro país. El objetivo debe ser cambiar la mentalidad de los abogados. Es él quien toma la decisión de que su cliente vaya a mediación”.
En este contexto, Azparren cree que el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, donde se hablaba de obligar a algún tipo de acuerdo antes de acudir a la vía judicial en pleitos civiles, podía ser una buena solución. “Ese proyecto decayó por la convocatoria de elecciones, pero parece el canal adecuado para que la mediación y otros métodos extrajudiciales cuajen”.
Esta medida surge en un momento en el que tanto el CGAE como el resto de colegios de abogados están intentando dar a conocer la mediación entre sus colegiados. “Los propios informes del CGAE sobre ese anteproyecto de dicha abogaban por impulsar ese acuerdo previo obligatorio. Sin embargo, la mentalidad del abogado aun no se ha cambiado totalmente”.
Azparren constata el rumor que hay en la calle de que el Gobierno en funciones podría aprobar ambos proyectos de eficiencia procesal y digital por Real Decreto. “Habrá que ver si lo hacen al final. La mediación ayuda a resolver asuntos de manera pacífica, como son herencia y divorcios. Al mismo tiempo podría descargar de trabajo a los tribunales de justicia”.
Sobre este aspecto, el jurista subraya que “con la Ley de Eficiencia Procesal hay que darse cuenta que llegan a los tribunales dos millones y medio de asuntos civiles y mercantiles al año. Sólo con que el 20% se arreglen en ese acuerdo previo que dice esta futura norma, como pasó con la Ley de Mediación en Italia, saldrían de los tribunales unos 500.000 asuntos. Un dato importante sabiendo que tenemos menos jueces que en otros países europeos”.
Ponente en el Congreso
Agustín Azparren, a instancia del Ministerio de Justicia, acudió al Congreso de los Diputados a explicar esa Ley de Eficiencia a los diputados. Había trabajado con otros juristas ilustres, como Pascual Ortuño, en la génesis de esa norma para luego incorporarse a los grupos de trabajo de Justicia.
“Quedé sorprendido porque la ley no generaba ningún conflicto político entre los portavoces de la norma, salvo Vox, que hizo una enmienda a la totalidad. Ellos creen que los abogados ya median y no necesitan de una norma como ésta”.
En su opinión, “en nuestro país, hay muchos mediadores que se han formado con esta ley del 2012, pero pocos viven de la mediación y tienen realmente experiencia. En mi caso, el 80% de mi actividad es sobre mediación. Hay casos aislados, como es en Murcia, que hay un servicio que deriva a mediación a nivel intrajudicial, pero son casos aislados”.
Sobre el papel del mediador afirma que “la formación de estos profesionales es importante. Junto a ello hay algunos que tienen condiciones personales que les hacen mejores mediadores. En algunos masters que intervengo donde desarrollamos casos prácticos ya se observan quienes podrán ser buenos mediadores. Un mediador debe rebajar el conflicto y transmitir tranquilidad”.
En cuanto a la especialización del mediador, “sí es bastante útil que el mediador conozca el fondo del asunto para buscar soluciones, de hecho en materia de familia hay un porcentaje importante de mediadores psicólogos, junto a abogados. En mercantil el perfil es de abogados, mientras que en asuntos relacionados con la construcción hay muchos arquitectos como mediadores. Conocer la materia puede ayudar a resolver ese asunto al final”.
Aplicación práctica de la mediación
En la actualidad uno de los actores más litigantes de nuestro país es la Agencia Tributaria y los miles de asuntos que acaban en los tribunales. “Sería lógico que hubiera un sistema de mediación. En esta área contencioso administrativo se llevan haciendo varios proyectos, pero ninguno cuaja. Sería lógico que Administracion resolviera gran parte de sus conflictos con el ciudadano con la mediación”.
Desde su punto de vista, “a priori hay materias en temas de administración pública complejas para acudir a mediación por determinadas circunstancias. Así en urbanismo parece complicado llegar a mediación por sus dificultades, pero si en la llamada responsabilidad patrimonial del Estado, como las negligencias médicas, donde ahí sí podría tener cabida”.
Sin embargo, la realidad fue otra. “Hay un acuerdo de mediación homologado por la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia Gallego sobre la rehabilitación del edificio de Unión Fenosa en el que intervino el expresidente del CGPJ y Supremo, Pascual Sala, en febrero del 2019. La mediación va en contra de lo que indica la sentencia pero ayudó a resolver ese asunto. También sabemos de casos urbanísticos en Murcia que se solventaron por la mediación”.
Agustín Azparren fue ponente de la última cumbre mundial de mediación empresarial que tuvo lugar en Valladolid el pasado mes de mayo. “Lo mejor de todo es que escuchamos a los empresarios sus experiencias sobre mediación. Se han dado cuenta de que es una forma más sencilla y económica de resolver estos conflictos que por la vía judicial. Ahora con las huelgas de la Justicia, las empresas han buscado otras salidas a sus conflictos”, afirma el jurista.
De cara al futuro, Azparren se muestra partidario de rescatar el proyecto de eficiencia procesal y fomentar la obligatoriedad del intento de acuerdo previo antes de acudir a la vía judicial. “Es la mejor solución para potenciar el desarrollo de la mediación ante los juzgados colapsados”.
Pues, este juez reconvertido en mediador advierte que “los datos ya revelan que si hubiera esa obligación de intento del acuerdo, sea por negociación, conciliación o mediación, si funcionara en los términos del 20% citado, sería un paso espectacular en reducir conflictos de los tribunales. Si se combinase esta medida con más plazas de jueces, los resultados serian mejores”.