Durante años, ha habido un llamado constante a la «hora de la Política» en el contexto del conflicto entre los independentistas catalanes y el Estado español. Este término se ha utilizado para expresar la necesidad de resolver este conflicto a través del diálogo, separado del marco legal establecido por la Constitución Española. Recientemente, este llamado se ha actualizado para incluir dos propuestas específicas: la amnistía y un referéndum. Ambas propuestas plantean desafíos significativos al marco legal existente y conllevan riesgos importantes. En este análisis, exploraremos estas ideas y sus implicaciones en el contexto del conflicto catalán.
La expresión «hora de la Política» refleja la idea de que el conflicto catalán no se puede resolver únicamente mediante acciones legales y judiciales, sino que requiere un enfoque político y negociado. Este enfoque es respaldado por aquellos que argumentan que el conflicto se origina en cuestiones políticas y de identidad que deben ser abordadas mediante el diálogo y la negociación.
La amnistía es una de las propuestas que ha ganado tracción en el contexto del conflicto catalán. Implicaría el perdón y la liberación de aquellos que han sido condenados o procesados por delitos relacionados con el proceso independentista. Sin embargo, la amnistía plantea preguntas importantes sobre la justicia y la responsabilidad. ¿Es adecuado absolver a aquellos que han sido condenados por acciones que violan la ley? ¿Qué mensaje enviaría esto a la sociedad en general?
El referéndum es otra propuesta que ha sido discutida ampliamente. La celebración de un referéndum para determinar el futuro político de Cataluña va en contra de la Constitución española, que establece la indivisibilidad de la nación española. La organización de un referéndum sin el consentimiento del Estado español plantea cuestiones sobre la legalidad y la legitimidad de tal ejercicio. Además, ¿qué garantías existirían para asegurar que el referéndum sea justo y transparente?
Ambas propuestas, la amnistía y el referéndum, conllevan riesgos significativos. La amnistía podría percibirse como una recompensa por acciones ilegales y socavar la confianza en el sistema judicial. Por otro lado, la organización de un referéndum unilateral podría agravar aún más las tensiones y el conflicto en lugar de resolverlos. Además, podría abrir la puerta a otros movimientos separatistas en toda Europa que buscan socavar las estructuras nacionales.
Es importante recordar que la Constitución española establece un marco legal y constitucional que rige la unidad de España. Cambiar este marco requiere un proceso político y legal que involucre a toda la sociedad española. Ignorar la Constitución y sus disposiciones podría socavar la estabilidad y la integridad del Estado español.
En última instancia, resolver el conflicto catalán requiere un enfoque integral que combine elementos políticos, legales y sociales. El diálogo político es esencial, pero debe llevarse a cabo dentro del marco legal existente. La búsqueda de soluciones debe involucrar a todas las partes interesadas y considerar los intereses de toda la sociedad española, incluidos aquellos que no respaldan la independencia de Cataluña.
La «hora de la Política» en el conflicto catalán es un llamado a abordar las cuestiones políticas y de identidad subyacentes a través del diálogo y la negociación. Sin embargo, las propuestas de amnistía y referéndum que han surgido plantean desafíos significativos al marco legal y constitucional de España. Resolver este conflicto de manera justa y duradera requerirá un enfoque equilibrado que respete el Estado de Derecho y tenga en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. La solución no será fácil, pero es esencial para preservar la estabilidad y la unidad de España.
La Política y el Derecho son dos dimensiones fundamentales que conforman la estructura de cualquier sociedad moderna. Aunque a menudo se consideran como áreas separadas, su interacción es esencial para mantener un equilibrio de poder, proteger los derechos individuales y mantener el orden social. La Política y el Derecho están intrínsecamente relacionados, y la política no puede desenvolverse de manera adecuada fuera del marco del ordenamiento jurídico.
Precisamente, procede explorar las razones por las cuales la política debe estar sujeta a los controles propios del Derecho y cómo esta interacción beneficia a la sociedad en su conjunto, debiendo hacerse referencia a unas sabias palabras que Luigi Ferrajoli recoge en el segundo volumen de Principia iuris: «Obviamente, el derecho positivo no implica en absoluto la democracia, pudiendo bien ocurrir, a causa de la separación iuspositivista entre derecho y justicia de la que he hablado desde el § 4 de la Introducción y sobre la que volveré en el § 15.2, que sea sumamente injusto y antidemocrático. Pero no vale la no implicación inversa. La democracia implica necesariamente el derecho. Bien puede haber, ciertamente, derecho sin democracia. Pero no puede haber democracia sin derecho. Puesto que la democracia es un conjunto de reglas sobre el válido ejercicio del poder: por un lado, las reglas que confieren poderes de autodeterminación individual y colectiva, garantizando su igual titularidad a todos en cuanto personas o ciudadanos: por el otro, las reglas que imponen límites y vínculos a estos mismos poderes para impedir su degeneración en formas despóticas y garantizar su ejercicio en tutela de los intereses de todos. Y estas reglas valen para limitar y vincular los diferentes tipos de poder en garantía de los intereses de todos en la medida en que establezcan la igualdad en los derechos fundamentales como normas constitucionales jerárquicamente superiores a aquellos poderes. Ésta es, por lo demás, una dura lección de la historia, que nos ha enseñado que las razones principales de todos los fracasos de las grandes esperanzas suscitadas por las revoluciones del siglo pasado, aun animadas por proyectos de emancipación universal, han sido el total desprecio del derecho y de los derechos y la ingenua confianza en un poder «bueno» sólo por haber sido conquistado y ejercido en nombre de los oprimidos».
En cualquier sistema democrático, la legitimidad del poder político proviene del consentimiento de los gobernados. Este consentimiento se obtiene a través de elecciones libres y justas en las que los ciudadanos eligen a sus representantes. Sin embargo, este proceso electoral está respaldado por normas y leyes que rigen la elegibilidad, el proceso de votación y la resolución de disputas electorales. La política que se desarrolla fuera del derecho carece de esta legitimidad, lo que puede llevar a la opresión y al descontento de la sociedad.
Uno de los propósitos fundamentales del derecho es proteger los derechos individuales y garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa e igualitaria. Cuando la Política se separa del Derecho, existe un riesgo real de que los derechos individuales sean violados o ignorados en aras de los intereses políticos. Las leyes y los órganos judiciales están diseñados para salvaguardar estos derechos y asegurar que nadie quede impune por abusar de su poder político.
Un principio clave en la mayoría de las democracias es la separación de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta separación es esencial para prevenir la concentración excesiva de potestades y garantizar la rendición de cuentas. El Derecho establece los límites y las responsabilidades de cada rama del Gobierno, lo que impide que una de ellas domine sobre las demás. Sin el marco del Derecho, la Política puede derivar en autoritarismo y en la degradación de las instituciones democráticas.
Los conflictos políticos son inevitables en cualquier sociedad pluralista. El Derecho proporciona un mecanismo estructurado para la resolución de disputas a través de los órganos judiciales y otros mecanismos de solución de conflictos. Si la Política se desarrolla fuera del Derecho, los conflictos pueden volverse caóticos e irresolubles, lo que puede llevar a la inestabilidad y al conflicto social.
En una democracia, es crucial proteger los derechos de las minorías frente a las mayorías. El Derecho establece las salvaguardias necesarias para garantizar que las minorías no sean oprimidas ni excluidas. Sin esta protección, la Política puede llevar a la tiranía de la mayoría y al debilitamiento de la diversidad y la inclusión en la sociedad.
El Derecho también desempeña un papel importante en el establecimiento de normas y ética en la Política. Las leyes y regulaciones establecen pautas para la conducta de los funcionarios públicos y los partidos políticos. Cuando la política opera fuera del Derecho, estas normas pueden ser fácilmente ignoradas, lo que socava la integridad del proceso político.
La política que opera dentro del marco del Derecho proporciona estabilidad y previsibilidad a la sociedad y a los actores políticos. Las leyes y las constituciones establecen un conjunto de reglas que todos deben seguir, lo que permite a la sociedad planificar y tomar decisiones con confianza en el marco legal existente. Cuando la Política se desvía del Derecho, la incertidumbre y la inestabilidad pueden prevalecer, lo que es perjudicial para el desarrollo económico y social.
En definitiva, la Política y el Derecho están estrechamente entrelazados y se complementan mutuamente en una sociedad democrática. La política no puede desenvolverse adecuadamente fuera del ordenamiento jurídico, ya que éste proporciona la legitimidad, la protección de los derechos individuales, la separación de poderes, la resolución de conflictos, la protección de las minorías, las normas éticas y la estabilidad necesarios para un funcionamiento democrático efectivo. Mantener esta interacción es esencial para preservar la democracia y proteger los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. La Política y el Derecho son dos caras de la misma moneda, y su vinculación es esencial para garantizar una sociedad justa y equitativa.
Por qué la Política no debe aplicarse al margen del Derecho | E&J (economistjurist.es)