Las principales sanciones a sujetos obligados del ultimo año han estado relacionadas con los siguientes incumplimientos: no aplicar medidas de diligencia reforzada, no realizar examen especial, no nombrar un representante ante el SEPBLAC o no aplicar las medidas de seguimiento continuo de la relación, no identificar adecuadamente a los titulares reales de las compañías.
Después de conocer los datos sobre el número recurrente de sanciones por el no cumplimiento en materia de «PBC/FT», resulta indudable que tanto empresas como autónomos y despachos profesionales siguen sin adoptar medidas con carácter preventivo y que les pueda servir a modo de trinchera para futuros requerimientos judiciales tras la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
En esta norma las sanciones son para al sujeto obligado con multas que van desde los 150.000€ hasta los 10.000.000 €, al margen de la amonestación pública o en su caso, la revocación o suspensión temporal de la autorización administrativa para operar. También, afecta a los directivos para los que se prevén multas entre 60.000€ y 10.000.000€, inhabilitación por diez años y amonestación pública, lo que supone un grave perjuicio para el directivo y la entidad, con efectos muy negativos en su reputación.
Durante los últimos años las voces más reconocidas en este tema han puesto el acento en la necesaria difusión de una cultura de cumplimiento en los despachos profesionales. Para Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados, esta cultura debía empezar “por un supervisor en el despacho, continuar en los Colegios de Abogados y penetrar en el mismo despacho”. En el caso de las entidades bancarias los expertos también hacían mención a un plan preventivo para proteger el acceso a los servicios financieros o profesionales dadas las categorías de clientes y teniendo en cuenta algunos criterios polémicos como su nacionalidad o el sector de su actividad.
Sin embargo, todas estas recomendaciones no han servido para evitar distintas sanciones en nuestro país que van desde los 60.000€ a los 2.026.140 € que se imponen en el año 2019 a una entidad de crédito por incumplimiento de la obligación de colaboración. Estas sanciones han afectado a entidades bancarias y de crédito, despachos o bufetes de abogados, entidades de comercio de arte, compañías inmobiliarias, entidades de cambio de moneda, entidades de asesoramiento financiero y de seguros, como a agencias de valores, sociedades de gestión de activos inmobiliarios, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y centros de registradores de la propiedad.
Gestión del nivel de riesgo, identificación y medidas de diligencia
Lefebvre, proveedor de software y empresa líder en España en información jurídica, cuenta con una la solución más precisa a la hora de poner en marcha esta actividad preventiva ofreciendo un margen de tranquilidad a los profesionales jurídicos a la hora de evitar requerimientos y cuantiosas sanciones. Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales es un software de gestión dirigido a los despachos profesionales que permite realizar su autoevaluación y gestión de las medidas de control interno a aplicar, identificar a cada cliente, evaluar su nivel de riesgo a través de un sistema de scoring y determinar qué medidas de diligencia se deben aplicar.
En palabras de Víctor Martínez, responsable de Software de Lefebvre, “Centinela permite a los despachos gestionar de manera eficiente y segura sus obligaciones de cumplimiento y vigilancia, automatizando ciertos procesos y tareas, y con un sistema de evaluación de riesgos parametrizado”. Una característica adicional a resaltar es la integración de la consulta a las listas internacionales de sanciones y personas expuestas políticamente.
Lefebvre organiza el próximo 28 de septiembre una jornada gratuita, en formato híbrido (presencial en la sede de la Abogacía Española), para presentar la solución que ayudará a los despachos profesionales a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Este nuevo software de gestión cuenta con la ISO 27001 (seguridad de la información) y la ISO 9001 (gestión calidad de procesos) y está dirigido tanto a abogados como a asesores, considerados sujetos obligados por la Ley 10/2010, de PBC/FT, ayudándoles en todas las fases de proceso, teniendo en cuenta que:
- Dispone de un sistema guiado para Identificación, evaluación de riesgos, scoring y medidas de diligencia a aplicar (simplificadas, normales o reforzadas).
- Permite realizar una autoevaluación con gestión de medidas de control interno.
- Incluye enlaces a formularios oficiales de SEPBLAC y consultas a la Lista Dow Jones de Factiva.
- Genera automáticamente informes.
Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales está vinculado a la normativa aplicable y al Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y ofrece varias herramientas de gestión que facilitan:
- Categorizar los usuarios y tener todas las operaciones bajo control.
- Centralizar avisos automáticos para las personas responsables.
- Generar evidencias con el registro de todas las interacciones realizadas en la aplicación.
- Asignar actividades, tareas y procesos.
- Crear firmas digitales.
Centinela permite mantener un control sencillo sobre obligaciones PBC /FT (elderecho.com)